LOS INDIGENAS COLOMBIANOS: MUCHOS DERECHOS Y CRUDAS REALIDADES
En Colombia habitan 80 grupos étnicos. Su diversidad cultural se refleja en la existencia de más de 64 idiomas y unas 300 formas dialectales. Según un estudio del Departamento Nacional de Estadística, realizado luego del Censo de 1993 y con ajustes a 1997, la población indígena asciende a 701.860 personas que tienen presencia en 32 departamentos del país, especialmente en aquellos de selva tropical húmeda. Sus procesos de organización y lucha, aunque datan de la época de la conquista, han tomado mayor fuerza y coherencia en los últimos veinte años en los que se han consolidado organizaciones de diverso orden con fines reivindicativos y de autogestión bajo los principios unidad, tierra, cultura y autonomía. (*)
La Constitución de 1991, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente y en la cual los indígenas cumplieron un papel protagónico, reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Consagra para estas comunidades derechos étnicos, culturales, territoriales, de autonomía y participación como: la igualdad y dignidad de todas las culturas como fundamento de la identidad nacional; las diferentes lenguas que se hablan en nuestro país como lenguas oficiales en sus territorios; la educación bilingüe e intercultural para los grupos étnicos y la doble nacionalidad para los pueblos indígenas que viven en zonas de frontera. Se abrió así el camino para la participación activa de los indígenas en la vida política del país, marcando una nueva etapa de su gesta reivindicativa. Mediante el voto popular, han logrado su elección al Congreso de la República, asambleas departamentales, alcaldías y a un sinnúmero de concejos municipales en distintas regiones del país.
No obstante, este marco de derechos formales dista mucho de ser una realidad para las comunidades en lo que a calidad de vida se refiere. Persisten en ellas graves problemas como la usurpación de sus territorios por colonos, terratenientes y narcotraficantes; la falta de buena calidad de las tierras; el no cubrimiento de necesidades básicas como salud, educación, alimento y vivienda; que sumados a la agresión física y cultural permanente ejercida por las instituciones del Estado, la iglesia y las misiones religiosas internacionales, colonos, terratenientes, narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y ejército, amenazan la sobrevivencia de estos grupos y convierte sus territorios en zonas de guerra y de conflicto.
Pese al reconocimiento de la multietnicidad, Colombia es un país que registra los mayores índices de pobreza en comunidades negras e indígenas. Sin embargo, no existe la conciencia de que esto constituye un hecho de discriminación racial porque, como dice el líder afrocolombiano, Juan de Dios Mosquera, la discriminación racial entre los colombianos tiene una forma concreta, objetiva, y otra ideológica, subjetiva. La primera la practican el Estado y las clases dirigentes al mantener, desde la abolición de la esclavitud hasta hoy, a las comunidades negras e indígenas en condiciones de aislamiento territorial, atraso y desigualdad de oportunidades en todos los niveles, dentro de la sociedad, en síntesis, en condiciones de exclusión. La segunda, cuando en la conciencia social de los colombianos persiste el prejuicio racista, el racismo verbal contra negros e indígenas, demostrable en estereotipos y expresiones lingüísticas que denigran e inferiorizan su igualdad y dignidad humana.